EL TRÃFICO DE INFLUENCIAS ESTÃ DOCUMENTADO EN EL AYUNTAMIENTO DE CULIACÃN
EL TRÃFICO DE INFLUENCIAS ESTÃ DOCUMENTADO EN EL AYUNTAMIENTO DE
CULIACÃN SOSTIENE EL PAS
*NO PERMITIREMOS QUE SE COMETA EL
CRIMEN INFAME DE DEJAR SIN SUSTENTO A CIENTOS DE FAMILIAS DE PEPENADORES: CUÉN
PALACIO LEGISLATIVO. CULIACÃN, SINALOA;
A MARZO DE 2014.- El tráfico de influencias es un delito penal en México y es
evidente, clara y documentada la participación de funcionarios del Ayuntamiento
de esta ciudad capital en perjuicio de la Sociedad Cooperativa de
Pepenadores “Progreso†de Culiacán, Sinaloa, fundada desde 1999, en acciones
ilegales que pretenden dejar sin sustento a cientos de humildes familias al
despojarlos de su forma de vida y beneficiar a la empresa ALTYA GEN PASA en el manejo de la
basura, sostuvo Héctor Melesio Cuén Ojeda, coordinador de la Fracción
Parlamentaria del Partido Sinaloense.
El presidente municipal de Culiacán,
Sergio Torres Félix, y el director de Servicios Públicos Municipales
respondieron que es un asunto que se está “politizando†mientras que el
tesorero del Ayuntamiento de Culiacán, Edgar Kelly GarcÃa, reconoció, luego de
la acusación del Diputado Cuén Ojeda en la tribuna del Congreso del Estado, que
efectivamente fue socio fundador de Altya –la empresa que se beneficia en este
conflicto- pero que ya no tiene nada que ver con la misma porque “vendió sus
acciones desde 2006 a una empresa de Monterrey que la metió a cotizar en la
Bolsa de Valoresâ€.
Al respecto el legislador Héctor
Melesio Cuén Ojeda subrayó que “hay que ser claros, basta observar el desempeño
de los funcionarios públicos para encontrar acciones de colusión u omisión en
este asunto que van en beneficio de una parte y en perjuicio de otra†y
advirtió que el Código Penal responsabiliza a los servidores públicos en este
sentido.
Puntualizó que en este caso existen
documentos que prueban la parcialidad de los servidores públicos como lo es el
acta constitutiva de la empresa Altya.
“El hecho de que ya no aparezcan como
propietarios lo único que prueba es que son listos, pero si se investiga se
pueden documentar y rastrear las cuentas bancarias e incluso la documentación
emitida por el Ayuntamiento que demuestra su actuar en este problema social en
el que, de cualquier manera, se configura el tráfico de influenciasâ€, afirmó.
“Lo dije e tribuna y lo reitero
–señaló-: es un crimen infame y se está generando un problema social de gran
magnitudâ€.
Héctor Melesio Cuén Ojeda expuso que el
pueblo de Sinaloa debe identificar y denunciar el tráfico de influencias para
combatir la corrupción y castigar a los malos servidores públicos, porque
además de ser un delito es una práctica inmoral y lamentablemente abundan los
casos, como en el que hoy son vÃctimas cientos de humildes familias sinaloenses
en el relleno sanitario de Culiacán.
Según la acusación de Cuén desde la
administración municipal, en 2002, se privilegió y opero a favor de la
creación de la empresa ALTYA (ALTYA GEN PASA), teniendo como
administrador único a Edgar Kelly GarcÃa –actual tesorero del Ayuntamiento de
Culiacán-, como consta en la escritura 15,284, del 11 de diciembre de 2003,
levantada ante el Notario Público número 134, Lic. Manuel DÃaz
Salazar, en Culiacán, y figurando como ex Director Regional de Gen, Carlos
Alberto Sánchez Osuna, actual director de Servicios Públicos Municipales. Esta
empresa, acusó en la tribuna del Poder Legislativo citando documentos
oficiales, ha obtenido el control total de la basura en Culiacán, con un
relleno privado y con el otorgamiento de beneficios, y actualmente buscan
desaparecer a la Cooperativa de Pepenadores “Progresoâ€.
“Es injusto que se ataque a gente
humilde y trabajadora que vive de la basura, sólo por voracidad de Ãndole
mercantilista, atropellando los derechos humanos de esas personas que merecen
todo nuestro respeto, apoyo y solidaridadâ€, subrayó.
Recordó que el tráfico de influencias
es la práctica consistente en utilizar la influencia personal en ámbitos de
gobierno generalmente con propósitos de beneficio económico que son, por
supuesto, ilegal y por lo tanto, constitutivo de delito, en este caso penal.
El Código Penal Federal Mexicano, en su
artÃculo 221, contempla el tráfico de influencias dentro de los delitos
cometidos por servidores públicos.
“Comete el delito de tráfico de
influencia el servidor público que por sà o por interpósita persona promueva o
gestione la tramitación o resolución ilÃcita de negocios públicos ajenos a las
responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión…. Y que produzca
beneficios económicos para sà o para otra u otras personas o gruposâ€.
Cuén aseveró que el
tráfico de influencias está penado en México con prisión, multa y destitución e
inhabilitación para desempeñar empleo, cargo y comisión públicos y anticipó que
no se perjudique a las familias sinaloenses y mucho menos a los más necesitados.