EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS ESTÁ DOCUMENTADO EN EL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

14 de March de 2014
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EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS ESTÁ DOCUMENTADO EN EL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS ESTÁ DOCUMENTADO EN EL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN SOSTIENE EL PAS

*NO PERMITIREMOS QUE SE COMETA EL CRIMEN INFAME DE DEJAR SIN SUSTENTO A CIENTOS DE FAMILIAS DE PEPENADORES: CUÉN 

PALACIO LEGISLATIVO. CULIACÁN, SINALOA; A MARZO DE 2014.- El tráfico de influencias es un delito penal en México y es evidente, clara y documentada la participación de funcionarios del Ayuntamiento de esta ciudad capital en perjuicio de la Sociedad Cooperativa de Pepenadores “Progreso” de Culiacán, Sinaloa, fundada desde 1999, en acciones ilegales que pretenden dejar sin sustento a cientos de humildes familias al despojarlos de su forma de vida y beneficiar a la empresa ALTYA GEN PASA en el manejo de la basura, sostuvo Héctor Melesio Cuén Ojeda, coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Sinaloense.

El presidente municipal de Culiacán, Sergio Torres Félix, y el director de Servicios Públicos Municipales respondieron que es un asunto que se está “politizando” mientras que el tesorero del Ayuntamiento de Culiacán, Edgar Kelly García, reconoció, luego de la acusación del Diputado Cuén Ojeda en la tribuna del Congreso del Estado, que efectivamente fue socio fundador de Altya –la empresa que se beneficia en este conflicto- pero que ya no tiene nada que ver con la misma porque “vendió sus acciones desde 2006 a una empresa de Monterrey que la metió a cotizar en la Bolsa de Valores”.

Al respecto el legislador Héctor Melesio Cuén Ojeda subrayó que “hay que ser claros, basta observar el desempeño de los funcionarios públicos para encontrar acciones de colusión u omisión en este asunto que van en beneficio de una parte y en perjuicio de otra” y advirtió que el Código Penal responsabiliza a los servidores públicos en este sentido.

Puntualizó que en este caso existen documentos que prueban la parcialidad de los servidores públicos como lo es el acta constitutiva de la empresa Altya.

“El hecho de que ya no aparezcan como propietarios lo único que prueba es que son listos, pero si se investiga se pueden documentar y rastrear las cuentas bancarias e incluso la documentación emitida por el Ayuntamiento que demuestra su actuar en este problema social en el que, de cualquier manera, se configura el tráfico de influencias”, afirmó.

“Lo dije e tribuna y lo reitero –señaló-: es un crimen infame y se está generando un problema social de gran magnitud”.

Héctor Melesio Cuén Ojeda expuso que el pueblo de Sinaloa debe identificar y denunciar el tráfico de influencias para combatir la corrupción y castigar a los malos servidores públicos, porque además de ser un delito es una práctica inmoral y lamentablemente abundan los casos, como en el que hoy son víctimas cientos de humildes familias sinaloenses en el relleno sanitario de Culiacán.

Según la acusación de Cuén desde la administración municipal, en 2002, se privilegió y opero a favor de la creación de la  empresa ALTYA (ALTYA GEN PASA), teniendo como administrador único a Edgar Kelly García –actual tesorero del Ayuntamiento de Culiacán-, como consta en la escritura 15,284, del 11 de diciembre de 2003, levantada ante el Notario Público  número 134, Lic. Manuel Díaz Salazar, en Culiacán, y figurando como ex Director Regional de Gen, Carlos Alberto Sánchez Osuna, actual director de Servicios Públicos Municipales. Esta empresa, acusó en la tribuna del Poder Legislativo citando documentos oficiales, ha obtenido el control total de la basura en Culiacán, con un relleno privado y con el otorgamiento de beneficios, y actualmente buscan desaparecer a la Cooperativa de Pepenadores “Progreso”.

“Es injusto que se ataque a gente humilde y trabajadora que vive de la basura, sólo por voracidad de índole mercantilista, atropellando los derechos humanos de esas personas que merecen todo nuestro respeto, apoyo y solidaridad”, subrayó.

Recordó que el tráfico de influencias es la práctica consistente en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno generalmente con propósitos de beneficio económico que son, por supuesto, ilegal y por lo tanto, constitutivo de delito, en este caso penal.

El Código Penal Federal Mexicano, en su artículo 221, contempla el tráfico de influencias dentro de los delitos cometidos por servidores públicos.

“Comete el delito de tráfico de influencia el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión…. Y que produzca beneficios económicos para sí o para otra u otras personas o grupos”.

Cuén aseveró que el tráfico de influencias está penado en México con prisión, multa y destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo y comisión públicos y anticipó que no se perjudique a las familias sinaloenses y mucho menos a los más necesitados.