EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

26 de July de 2014
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EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO Y EN SINALOA

Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

 

Una de las condiciones para que haya una verdadera competencia electoral en México, y particularmente en Sinaloa, depende en gran medida de la existencia de equidad en el financiamiento público a todos los partidos políticos. Lo ideal sería que hubiese absoluta igualdad en ello, para garantizar una auténtica competencia en las contiendas electorales, aparte de ética política.

Aunque esto último, desde el punto de vista del realismo político, equivale a bordar sobre el vacío, como se dice coloquialmente en el terreno académico, para sostener determinada tesis.

Es preciso mencionar, que el propósito esencial del financiamiento público es garantizar un nivel de recursos suficiente para que la competencia electoral sea tal entre las distintas opciones, con oportunidades reales de conquistar el poder y no un ritual con ganadores y perdedores predeterminados, derivado de disposiciones jurídicas injustas o inequitativas.

Hay que recordar que en 1977, se estableció expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la existencia e importancia de los partidos políticos, reconociéndoseles una naturaleza específica como entidades de interés público.

Estos cambios fueron el fundamento para que en la legislación ordinaria se estableciera una serie de derechos y obligaciones para los partidos políticos, así como ciertos apoyos relacionados con la realización de campañas electorales que podría considerarse como financiamiento público indirecto.

Sin embargo, fue hasta la reforma legal de 1987 cuando se previó por primera vez el financiamiento público, traducido en dinero para los partidos políticos. Los criterios de los cuales se partía era el número de votos obtenidos en las elecciones federales inmediatamente anteriores y el número de curules logradas en la Cámara de Diputados por cada partido, lo que se le denominó como “costo mínimo de una campaña para diputado”.

Después de ese año (1987), le sucedieron muy diversas reformas a la materia electoral, para ajustarla a las diversas necesidades y presiones  políticas que se fueron suscitando desde ese tiempo.

En lo que se refiere al tema del financiamiento público no existía certeza jurídica para determinarlo con equidad relativa, hasta que el 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una serie de reformas y adiciones al ahora abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), en cuyo inciso a), fracciones I y II, del artículo 78, se establecieron las bases para determinar los montos de financiamiento de los partidos políticos, para llevar a cabo el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.

Para el cálculo correspondiente, en dichas bases se partía de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El resultado de esa operación, constituía el monto total del financiamiento público a repartir a los partidos políticos nacionales, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.

El 30% de éste se entregaba en forma igualitaria a los partidos que alcanzaran a tener representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión (De Senadores o de Diputados). El 70% restante se distribuiría según el porcentaje de la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada partido político.

Con la última reforma hecha en materia político-electoral (10 de febrero de 2014), ambos porcentajes se elevaron a la categoría de norma constitucional. Ello quedó establecido en el inciso a), de la base II, del artículo 41 de la Ley Suprema de la Unión, en los siguientes términos: a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Con base en dicho parámetro constitucional, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS), presentó dos iniciativas al H. Congreso del Estado. Una a la Constitución Política Local, y otra a la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, es decir, proponiendo ese treinta y setenta por ciento, respectivamente, en lugar del 20 y 80 que se aplica actualmente en nuestra entidad federativa. Con lo anterior quedarían armonizadas con  la Carta Magna Federal, tomando en cuenta que nada ni nadie debe estar por encima de ésta. Así es como el PAS pretende contribuir al Estado Constitucional y Democrático de Derecho en la Entidad.  Como siempre, únicamente nos queda campo para desearles a todos ustedes, amigos lectores, un excelente fin de semana en compañía de su apreciable familia. ¡Que se la pasen de lo mejor!