EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÃTICOS
EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÃTICOS EN
MÉXICO Y EN SINALOA
Por
Héctor Melesio Cuén Ojeda
Una de las condiciones para que haya una
verdadera competencia electoral en México, y particularmente en Sinaloa,
depende en gran medida de la existencia de equidad en el financiamiento público
a todos los partidos polÃticos. Lo ideal serÃa que hubiese absoluta igualdad en
ello, para garantizar una auténtica competencia en las contiendas electorales,
aparte de ética polÃtica.
Aunque esto último, desde el punto de vista
del realismo polÃtico, equivale a bordar sobre el vacÃo, como se dice
coloquialmente en el terreno académico, para sostener determinada tesis.
Es preciso mencionar, que el propósito
esencial del financiamiento público es garantizar un nivel de recursos
suficiente para que la competencia electoral sea tal entre las distintas
opciones, con oportunidades reales de conquistar el poder y no un ritual con
ganadores y perdedores predeterminados, derivado de disposiciones jurÃdicas
injustas o inequitativas.
Hay que recordar que en 1977, se estableció
expresamente en la Constitución PolÃtica de los Estados Unidos Mexicanos, la
existencia e importancia de los partidos polÃticos, reconociéndoseles una
naturaleza especÃfica como entidades de interés público.
Estos cambios fueron el fundamento para que
en la legislación ordinaria se estableciera una serie de derechos y
obligaciones para los partidos polÃticos, asà como ciertos apoyos relacionados
con la realización de campañas electorales que podrÃa considerarse como
financiamiento público indirecto.
Sin embargo, fue hasta la reforma legal de
1987 cuando se previó por primera vez el financiamiento público, traducido en
dinero para los partidos polÃticos. Los criterios de los cuales se partÃa era
el número de votos obtenidos en las elecciones federales inmediatamente
anteriores y el número de curules logradas en la Cámara de Diputados por cada
partido, lo que se le denominó como “costo mÃnimo de una campaña para
diputadoâ€.
Después de ese año (1987), le sucedieron muy
diversas reformas a la materia electoral, para ajustarla a las diversas
necesidades y presiones polÃticas que se
fueron suscitando desde ese tiempo.
En
lo que se refiere al tema del financiamiento público no existÃa certeza
jurÃdica para determinarlo con equidad relativa, hasta que el 14 de enero de
2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una serie de reformas y
adiciones al ahora abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (COFIPE), en cuyo inciso a), fracciones I y II, del artÃculo 78, se
establecieron las bases para determinar los montos de financiamiento de los
partidos polÃticos, para llevar a cabo el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes.
Para
el cálculo correspondiente, en dichas bases se partÃa de multiplicar el número
total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de
julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mÃnimo diario vigente
para el Distrito Federal. El resultado de esa operación, constituÃa el monto
total del financiamiento público a repartir a los partidos polÃticos nacionales,
para
el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.
El 30% de éste se entregaba en forma
igualitaria a los partidos que alcanzaran a tener representación en alguna de
las Cámaras del Congreso de la Unión (De Senadores o de Diputados). El
70% restante se distribuirÃa según el porcentaje de la votación nacional
emitida que hubiese obtenido cada partido polÃtico.
Con
la última reforma hecha en materia polÃtico-electoral (10 de febrero de 2014),
ambos porcentajes se elevaron a la categorÃa de norma constitucional. Ello
quedó establecido en el inciso a), de la base II, del artÃculo 41 de la Ley
Suprema de la Unión, en los siguientes términos: a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el
número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y
cinco por ciento del salario mÃnimo diario vigente para el Distrito Federal. El
treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los partidos polÃticos en forma igualitaria
y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que
hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Con
base en dicho parámetro constitucional, el Grupo Parlamentario del Partido
Sinaloense (PAS), presentó dos iniciativas al H. Congreso del Estado. Una a la
Constitución PolÃtica Local, y otra a la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, es
decir, proponiendo ese treinta y setenta por ciento, respectivamente, en lugar
del 20 y 80 que se aplica actualmente en nuestra entidad federativa. Con lo
anterior quedarÃan armonizadas con la Carta
Magna Federal, tomando en cuenta que nada ni nadie debe estar por encima de ésta.
Asà es como el PAS pretende contribuir al Estado Constitucional y Democrático
de Derecho en la Entidad. Como siempre,
únicamente nos queda campo para desearles a todos ustedes, amigos lectores, un
excelente fin de semana en compañÃa de su apreciable familia. ¡Que se la pasen
de lo mejor!