Legislación en favor de las comunidades y pueblos indígenas

18 de August de 2014
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Legislación en favor de las comunidades y pueblos indígenas

<<Microscopio Social>>

Legislación en favor de las comunidades y pueblos indígenas

Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

A raíz del movimiento surgido bajo la figura de Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1° de enero de 1994, fecha que coincide con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se da la reforma al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de agosto del año 2001, del cual derivó, primeramente la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada en el DOF el 13 de marzo de 2003, en segundo término la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicada en el mismo órgano oficial el 21 de mayo de 2003; surgiendo después la expedición de la legislación en la materia en diversas entidades federativas. 

Sin embargo, a catorce años de publicada la citada reforma constitucional, y poco más de once años de publicada la citada Ley de General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Sinaloa aún no cuenta con un ordenamiento jurídico específico en la materia, no obstante de lo ordenado en el artículo Sexto Transitorio, que a la letra dice: “Los congresos estatales analizarán, de acuerdo con sus especificidades etnolingüísticas, la debida adecuación de las leyes correspondientes de conformidad con lo establecido en esta ley”, aún no se ha hecho nada sobre el particular.

En lo que respecta a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se observa que su artículo 2 establece que la mencionada Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cual se asocia directamente con la situación socioeconómica de los pueblos y comunidades indígenas.

Para no ir muy lejos sobre esto último, veamos cuál es la situación en nuestra entidad en particular, respecto de dichos pueblos y comunidades indígenas en cuanto a los aspectos generales socioeconómicos, partiendo de la población indígena.

Pues bien, de acuerdo con el último censo de población y vivienda practicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, en México existen 11 millones 132 mil 562 indígenas, lo que representa el 9.91 % de la población total del país.

En Sinaloa existe un población total de 53 mil 215 indígenas, la cual representa el 1.92 % de la población total en el Estado, distribuida de la siguiente manera: Ahome 13 mil 209, Angostura 533, Badiraguato 163, Concordia 81, Cosalá 58, Culiacán 5 mil 687, Choix 1 mil 969, Elota 1 mil 449, Escuinapa 793, El Fuerte 13 mil 679, Guasave 4 mil 496, Mazatlán 3 mil 618, Mocorito 193, Rosario 396, Salvador Alvarado 420, San Ignacio 176, Sinaloa 2 mil 132, y Navolato 4 mil 163.

El 70 % de la población indígena total son mayores a 15 años de edad, a partir de la cual se tiene como criterio para el estudio del rezago educativo, como es el analfabetismo y los que no han concluido la primaria y la secundaria.

Precisado lo anterior, se observa que el 14.84 % de la población indígena en Sinaloa es analfabeta; sólo el 15.55 % tiene terminada la primaria, mientras que únicamente el 14.73% tiene concluida la secundaria.

Sólo el 70.61% son derechohabientes a los servicios de salud, por lo que casi un tercio de la población indígena no cuenta con ellos.

El 35 % de los indígenas pertenecen a la población económicamente inactiva. Se destaca que el 20.9 % no cuenta con el servicio de agua entubada, 32.7 % no tienen drenaje y  5.3 % no tienen electricidad.

Mientras que por otro lado se observa que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014, tiene contemplada para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas únicamente $ 40 millones 462 mil 442 pesos; lo que representa sólo el 0.1 % del total del referido presupuesto. De donde se advierte que no tengan el desarrollo de los derechos humanos contenidos en el artículo 2° de la Ley Suprema de la Unión, lo que se frena aún más por no contarse en nuestra entidad con una ley que los desarrolle normativamente. Al respecto de lo último mencionado, vemos que en el H. Congreso del Estado hay seis iniciativas pendientes de dictaminar. La primera fue presentada desde  el 4 de mayo de 2004 por el ciudadano Dr. Gonzalo Armienta Hernández y 16 ciudadanos indígenas, la cual ha sido ratificada en cuatro ocasiones ante igual número de legislaturas. En esta se propone la creación de un organismo descentralizado para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, así como un presupuesto anual para apoyar su desarrollo.  La segunda la presentó el Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez (PAN), el 12 de febrero de 2014. La tercera,  corresponde a la presentada por la Diputada Flor Esther Gastélum Vértiz (PRI), el 8 de abril de mismo año. En tanto que la cuarta, la presentaron la Diputada Imelda Castro Castro y el Diputado Ramón Lucas Lizárraga (PRD),  el 10 de abril del mismo año en curso. La quinta por la diputada Nubia Xiclalli Ramos Carbajal (PRI) y 33 ciudadanos indígenas de Sinaloa, el 24 de abril de este mismo año.

La sexta y última iniciativa con proyecto de Decreto de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Sinaloa, la presentamos los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS), el 30 de abril del año en curso. Se destaca que en esta última proponemos crear el Instituto Estatal para el Desarrollo de los Derechos y de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sinaloa, como organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa; así como incluir los lineamientos de las políticas públicas para garantizar el real ejercicio de sus derechos colectivos e individuales de los citados pueblos y comunidades; regular sus relaciones con los poderes del Estado y el gobierno de los municipios, a fin de impulsar su desarrollo social, económico, cultural y político; y, reconocer y preservar los derechos, las formas específicas de organización, la lengua, la cultura, la identidad, la integridad de sus tierras de conformidad con lo establecido al efecto en la Constitución Federal y las leyes emanadas de este supremo ordenamiento. Es justo que esto ya se analicé, se trate, se discuta y se dictamine a favor de las comunidades y pueblos indígenas, tomando en cuenta que son los pobladores originarios de nuestra nación y de Sinaloa, y todo lo que ello significa y debemos apreciar.

Únicamente nos queda campo para desearles a todos ustedes, amigos lectores, una excelente semana en compañía de su apreciable familia. ¡Que se la pasen de lo mejor!