Legislación en favor de las comunidades y pueblos indÃgenas
<<Microscopio
Social>>
Legislación en favor de las comunidades y pueblos
indÃgenas
Por
Héctor Melesio Cuén Ojeda
A raÃz del movimiento surgido bajo la figura de Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) el 1° de enero de 1994, fecha que coincide con la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se
da la reforma al artÃculo 2° de la Constitución PolÃtica de los Estados Unidos
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de
agosto del año 2001, del cual derivó, primeramente la Ley General de Derechos
LingüÃsticos de los Pueblos IndÃgenas, publicada en el DOF el 13 de marzo de
2003, en segundo término la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos IndÃgenas, publicada en el mismo órgano oficial el 21 de mayo de
2003; surgiendo después la expedición de la legislación en la materia en
diversas entidades federativas.
Sin embargo, a catorce años de publicada la citada
reforma constitucional, y poco más de once años de publicada la citada Ley de
General de los Derechos LingüÃsticos de los Pueblos IndÃgenas, Sinaloa aún no
cuenta con un ordenamiento jurÃdico especÃfico en la materia, no obstante de lo
ordenado en el artÃculo Sexto Transitorio, que a la letra dice: “Los congresos
estatales analizarán, de acuerdo con sus especificidades etnolingüÃsticas, la
debida adecuación de las leyes correspondientes de conformidad con lo
establecido en esta leyâ€, aún no se ha hecho nada sobre el particular.
En lo que respecta a la Ley de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos IndÃgenas, se observa que su artÃculo 2
establece que la mencionada Comisión tiene como objeto orientar, coordinar,
promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de
los pueblos y comunidades indÃgenas de conformidad con el artÃculo 2o. de la
Constitución PolÃtica de los Estados Unidos Mexicanos; lo cual se asocia
directamente con la situación socioeconómica de los pueblos y comunidades
indÃgenas.
Para no ir muy lejos sobre esto último, veamos cuál
es la situación en nuestra entidad en particular, respecto de dichos pueblos y
comunidades indÃgenas en cuanto a los aspectos generales socioeconómicos, partiendo
de la población indÃgena.
Pues bien, de acuerdo con el último censo de
población y vivienda practicado por el Instituto Nacional de EstadÃstica y
GeografÃa (INEGI, en México existen 11 millones 132 mil 562 indÃgenas, lo que
representa el 9.91 % de la población total del paÃs.
En Sinaloa existe un población total de 53 mil 215
indÃgenas, la cual representa el 1.92 % de la población total en el Estado,
distribuida de la siguiente manera: Ahome 13 mil 209, Angostura 533,
Badiraguato 163, Concordia 81, Cosalá 58, Culiacán 5 mil 687, Choix 1 mil 969,
Elota 1 mil 449, Escuinapa 793, El Fuerte 13 mil 679, Guasave 4 mil 496,
Mazatlán 3 mil 618, Mocorito 193, Rosario 396, Salvador Alvarado 420, San
Ignacio 176, Sinaloa 2 mil 132, y Navolato 4 mil 163.
El 70 % de la población indÃgena total son mayores
a 15 años de edad, a partir de la cual se tiene como criterio para el estudio
del rezago educativo, como es el analfabetismo y los que no han concluido la
primaria y la secundaria.
Precisado lo anterior, se observa que el 14.84 % de
la población indÃgena en Sinaloa es analfabeta; sólo el 15.55 % tiene terminada
la primaria, mientras que únicamente el 14.73% tiene concluida la secundaria.
Sólo el 70.61% son derechohabientes a los servicios
de salud, por lo que casi un tercio de la población indÃgena no cuenta con
ellos.
El 35 % de los indÃgenas pertenecen a la población
económicamente inactiva. Se destaca que el 20.9 % no cuenta con el servicio de
agua entubada, 32.7 % no tienen drenaje y
5.3 % no tienen electricidad.
Mientras que por otro lado se observa que la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014, tiene contemplada
para el desarrollo de los pueblos y comunidades indÃgenas únicamente $ 40
millones 462 mil 442 pesos; lo que representa sólo el 0.1 % del total del
referido presupuesto. De donde se advierte que no tengan el desarrollo de los
derechos humanos contenidos en el artÃculo 2° de la Ley Suprema de la Unión, lo
que se frena aún más por no contarse en nuestra entidad con una ley que los
desarrolle normativamente. Al respecto de lo último mencionado, vemos que en el
H. Congreso del Estado hay seis iniciativas pendientes de dictaminar. La
primera fue presentada desde el 4 de
mayo de 2004 por el ciudadano Dr. Gonzalo Armienta Hernández y 16 ciudadanos
indÃgenas, la cual ha sido ratificada en cuatro ocasiones ante igual número de
legislaturas. En esta se propone la creación de un organismo descentralizado para
el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indÃgenas, asà como un
presupuesto anual para apoyar su desarrollo. La segunda la presentó el Diputado Miguel
Ãngel Camacho Sánchez (PAN), el 12 de febrero de 2014. La tercera, corresponde a la presentada por la Diputada
Flor Esther Gastélum Vértiz (PRI), el 8 de abril de mismo año. En tanto que la
cuarta, la presentaron la Diputada Imelda Castro Castro y el Diputado Ramón
Lucas Lizárraga (PRD), el 10 de abril
del mismo año en curso. La quinta por la diputada Nubia Xiclalli Ramos Carbajal
(PRI) y 33 ciudadanos indÃgenas de Sinaloa, el 24 de abril de este mismo año.
La sexta y última iniciativa con proyecto de
Decreto de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades IndÃgenas en
el Estado de Sinaloa, la presentamos los integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Sinaloense (PAS), el 30 de abril del año en curso. Se destaca que
en esta última proponemos crear el Instituto Estatal para el Desarrollo de los
Derechos y de los Pueblos y Comunidades IndÃgenas de Sinaloa, como organismo
público descentralizado de la Administración Pública Estatal, no sectorizado,
con personalidad jurÃdica y patrimonio propio; con autonomÃa operativa, técnica,
presupuestal y administrativa; asà como incluir los lineamientos de las
polÃticas públicas para garantizar el real ejercicio de sus derechos colectivos
e individuales de los citados pueblos y comunidades; regular sus relaciones con
los poderes del Estado y el gobierno de los municipios, a fin de impulsar su
desarrollo social, económico, cultural y polÃtico; y, reconocer y preservar los
derechos, las formas especÃficas de organización, la lengua, la cultura, la
identidad, la integridad de sus tierras de conformidad con lo establecido al
efecto en la Constitución Federal y las leyes emanadas de este supremo
ordenamiento. Es justo que esto ya se analicé, se trate, se discuta y se
dictamine a favor de las comunidades y pueblos indÃgenas, tomando en cuenta que
son los pobladores originarios de nuestra nación y de Sinaloa, y todo lo que
ello significa y debemos apreciar.
Únicamente nos queda campo para desearles a todos
ustedes, amigos lectores, una excelente semana en compañÃa de su apreciable
familia. ¡Que se la pasen de lo mejor!