QUE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE SEAN PROCESADOS POR LA VÍA PENAL

20 de November de 2014
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QUE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE SEAN PROCESADOS POR LA VÍA PENAL

QUE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE SEAN PROCESADOS POR

LA VÍA PENAL, PROPONEN LEGISLADORES DEL PARTIDO SINALOENSE

 

AGENCIA NOTIPAS. CULIACÁN, SINALOA. A 20 DE NOVIEMBRE DE 2014.- Los diputados del Partido Sinaloense (PAS) propusieron reformar el artículo 272 de la Ley Ambiental Para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, para proceder, penalmente, por los delitos previstos en este capítulo.

El coordinador de los legisladores del PAS en el Congreso, Héctor Melesio Cuén Ojeda, expuso que el Derecho a un Ambiente Sano, reconocido por la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y por diversos tratados internacionales, se vincula con la vida misma del ser humano y con la biodiversidad y la supervivencia del propio planeta.

Por lo tanto, el Derecho a un Ambiente Sano es un derecho humano de las más importantes trascendencias para todas las razas humanas, en las presentes y futuras generaciones del planeta. De su protección depende la preservación de la humanidad entera, estableció el legislador del PAS.

Agregó que para asegurar tal derecho, deberá ser necesario denunciar hechos que atenten contra el Medio Ambiente, ya sea de la autoridad ambiental o de cualquier persona física o moral, ante el Ministerio Público.

Sobre el tema en particular, el también presidente estatal de este instituto político recordó que el pasado 16 de junio de 2014 presentó, junto con sus compañeros del grupo parlamentario, María del Rosario Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, una iniciativa de reforma con proyecto de Decreto a la Ley Ambiental Para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, con el único objeto de que cualquier persona física o moral pueda denunciar ante el Ministerio Público, los delitos previstos en ella.

Es concebido el Derecho a un Ambiente Sano como un derecho legítimo de toda la colectividad y, por lo mismo, se asocia con el llamado interés legítimo. Éste, en materia procesal, implica el derecho de mover o poner en acción a todas las autoridades, ya sean políticas, administrativas o jurisdiccionales, y en ellas debe estar incluido el Ministerio Público, anotó.

Cuén Ojeda insistió en que todas las instancias de gobierno deben actuar frente a los reclamos o demandas que formule cualquier persona, por el hecho de serlo.