Trato digno y respeto a los derechos humanos
Microscopio Social
Trato digno y respeto a los derechos humanos
Héctor Melesio Cuén Ojeda
La Constitución PolÃtica y el propio sistema de seguridad pública
establecen la obligación del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno,
de velar por la seguridad pública.
Promovido por el Sistema de Seguridad Nacional, el 25 de agosto del año
2008, el Diario Oficial de la Federación publicó el Acuerdo Nacional por la
Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Suscribieron este acuerdo los poderes Ejecutivo federal y estatal,
Congreso de la Unión, Poder Judicial federal, representantes de las
asociaciones de presidentes municipales, medios de comunicación y las
organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas.
La firma de este acuerdo reconocÃa que la sociedad mexicana se
encontraba en una profunda crisis de impunidad y corrupción, asà como de una
falta de coordinación entre las autoridades y los diferentes niveles de
gobierno, lo cual generaba un ambiente de inseguridad y violencia. Este pacto
contempla la evaluación de todas las autoridades y niveles del área de
seguridad, y una de las formas de revisión es a través de la aplicación de los
exámenes de control y confianza.
México vive una crisis en materia de seguridad y de respeto a los derechos
humanos, dos rubros en los que el gobierno le está fallando a la sociedad. Los
hechos recientes ocurridos en Guerrero y sus ramificaciones en todo el paÃs, la
poca capacidad de nuestras autoridades para aplicar el Estado de derecho; la
repartición de culpas entre actores polÃticos; la ineficiente preparación de
los funcionarios encargados de la seguridad y la nula supervisión del respeto a
los derechos humanos por las instituciones encargadas, aumentan el clima de
desesperación que vive la población de México.
En Sinaloa este acuerdo se conoce más por la aplicación de este examen a
los policÃas estatales, ministeriales y municipales, evaluación aplicada desde
el año 2011. Es hasta el presente año que se conoce que 4,080 policÃas habÃan
reprobado, y que por lo tanto tenÃan que ser dados de baja, acción que se ha
venido implementando en los últimos dÃas y que ha generado bastantes
controversias e inconformidades de estos guardianes del orden.
Pasaron casi cuatro años y no ocurrió casi nada en relación a los
resultados que cada policÃa obtuvo de su examen. Es hasta hace unos meses
cuando se informa y aplica el despido de todo aquel policÃa, que de acuerdo con
el criterio y evaluación del Sistema de Seguridad Pública Nacional, no aprobó
dicha valoración y por tanto, debe salir de las corporaciones policÃacas. La
única respuesta que se le dio es “no estás apto†y por ello tienes que ser
despedido.
Existen muchas versiones acerca de la forma en que serán dados de baja; se
habla de algunos planes para incorporarlos a la seguridad privada o buscar
alguna actividad ajena a la que venÃan desarrollando, e incluso buscar créditos
para que inicien diversos negocios.
La realidad es que hay una gran inconformidad entre todos ellos, tan es asÃ
que ya acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al H. Congreso del Estado, al Palacio de
Gobierno, y no se diga a expresarse de manera pública manifestando el trato
injusto e indigno que se les está dando con la violación a sus derechos
humanos.
Un servidor y los diputados Robespierre Lizárraga Otero y MarÃa del Rosario
Sánchez Zatarain, integrantes de la LXI Legislatura del Estado de Sinaloa,
consideramos necesario que las leyes de nuestro estado contemplen estos hechos
que hoy perjudican, a quienes en su momento la sociedad les depositó la
confianza de la seguridad de todos nosotros. En tal sentido elaboramos
iniciativa de ley de reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Pública del
Estado de Sinaloa, en la que proponemos lo siguiente:
Aquellos agentes policÃacos o personal de
seguridad que no hayan aprobado el examen de control y confianza, podrán ser
pensionados conforme a la edad laboral, si cubren los requisitos señalados en ley que
se propone reformar. Para alcanzar este objetivo, se propone que a través del
artÃculo segundo transitorio, y por única ocasión, quienes habiendo cumplido
cuarenta años de edad y tengan cuando menos diez años de servicio tienen
derecho a una pensión por vejez hasta por el 40% del salario.
Se propone que el Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza inicie, dirija, coordine, lleve a cabo,
aplique y califique las investigaciones, los exámenes y evaluaciones a los
aspirantes y al personal activo de las instituciones de seguridad pública,
respetando la dignidad de los examinados, teniendo derecho estos a pedir la
revisión de los exámenes correspondientes.
También se propone estar conscientes que
cuando las causas de la aptitud para la permanencia a los cuerpos policÃacos se
deban a la escasa condición fÃsica, enfermedades que le impidan su buen
desempeño o a falta de certificación de documentos expedidos por instituciones
educativas debidamente acreditadas, las autoridades de seguridad instrumentarán
mecanismos que subsanen esta deficiencia, y que si en un plazo de un año subsisten
estas causas, se aplique lo señalado en la ley.
Por último, con el objeto de confirmar
este derecho, los exámenes de control y confianza que se apliquen al personal
de seguridad pública por autoridades competentes podrán ser revisados y, si fuere
el caso, modificados para que la metodologÃa aplicable defina los objetivos que
se pretenden alcanzar con sus resultados. Asà también su propósito es cumplir
con la garantÃa constitucional del derecho de revisión, para que el examinado
conozca los aspectos en que falló.
Los policÃas despedidos son humanos al
igual que todos nosotros, tienen familia, esposas, hijos, que muchos de ellos
dependen en todos los sentidos de los que hoy son retirados de su trabajo. No
tenemos por qué darles un trato indigno, falto de todo respeto a los más
elementales derechos humanos.
Es momento de mostrar nuestra solidaridad
con ellos.
Gracias y que disfruten una excelente semana.