Con relación a la Carta, del periódico Noroeste, de Hernández Norzagaray
CULIACÃN, SINALOA; A 27 DE DICIEMBRE DE 2014.
A la opinión pública:
Con relación a la
Carta al Lector, del periódico El Noroeste, donde el señor Hernández Norzagaray
le da “respuesta†a Manuel Cárdenas Fonseca, queremos expresar lo siguiente:
El señor Hernández
Norzagaray, con el hecho que le han dado la posibilidad de utilizar su “filosaâ€
pluma, se ha convertido en intérprete fundamentalista de la Constitución
Federal, al expresar que “las candidaturas independientes son para los
ciudadanos, no para militantes de los partidos. Ellos tienen sus propios
canales de participaciónâ€.
Es impreciso el señor
Hernández en su afirmación, ya que se le olvida que en este proceso electoral,
para elegir a Diputados, se trata de un proceso FEDERAL, por lo que los partidos polÃticos estatales legalmente
quedan fuera de la contienda.
Pero cómo se le
ocurre decir tantas barbaridades, al tachar de corruptos de la ley, a las
personalidades que conforman el Partido Sinaloense, ya que según él, estos
partidos polÃticos estatales no están impedidos legalmente a participar en un
proceso electoral FEDERAL. E imputa este paladÃn del periodismo, que están
formados polÃticamente en la antidemocracia y atropellan los espacios de la
ciudadanÃa.
Basta decirle a este
señor, que los mexicanos tenemos derechos consagrados en la Constitución
PolÃtica de los Estados Unidos Mexicanos; y que si bien es cierto podemos
libremente afiliarnos a un partido polÃtico, también podemos renunciar a él por
las mismas causas o intereses de su permanencia. Asà el artÃculo 34, dice que
“Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad
de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años, y II. Tener un
modo honesto de vivir.
Pero también el
artÃculo 9, señala que “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse
pacÃficamente con cualquier objeto lÃcito; pero solamente los ciudadanos de la
República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos polÃticos del paÃs.
Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.â€
Y por si faltara poco,
el artÃculo 35, establece que “Son derechos del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los
cargos de elección popular, teniendo
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de
candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos polÃticos asÃ
como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y
cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la
legislación; y III. Asociarse
individual y libremente para tomar parte en forma pacÃfica en los asuntos
polÃticos del paÃs.
Luego dice que
legalmente no están impedidos quienes son parte de los partidos polÃticos
estatales. No fuera tan aberrante lo dicho erróneamente, cuando este señor ha
sido consejero del Consejo Local del IFE en Sinaloa y además es presidente del
SOMEE, organismo que aglutina a expertos y conocedores de la materia electoral;
pero a este señor le pasó de noche el estudio del COFIPE, y al parecer no se ha
actualizado con la Ley General de Partidos PolÃticos, ya que en el CAPÃTULO II, De las Coaliciones,
en el artÃculo 87, señala: 1. Los partidos polÃticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, asà como de senadores y de
diputados por el principio de mayorÃa relativa. 2. Los partidos polÃticos nacionales y locales podrán formar coaliciones
para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de
mayorÃa relativa y ayuntamientos, asà como de Jefe de Gobierno, diputados a la
Asamblea Legislativa de mayorÃa relativa y los titulares de los órganos
polÃtico-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal.
Que si el PAS lo
intentó con el “partido x†o el “partido yâ€, es un derecho que le merece a
quienes lo dirigen y no un capricho de la pluma perversa de Hernández
Norzagaray. Es más: ¿quién le está señalando su conducta parcial, que tuvo en
el proceso electoral federal de 2006?, cuando violando la ley, se puso al lado
de uno de los candidatos a Presidente de la República.
A él qué le incumbe
entrometerse en las decisiones de los ciudadanos en particular, cuando pueden
pertenecer o renunciar en el momento que más les convenga a cualquier
organización o partido polÃtico. Nada más faltaba que este señor diga quién
pertenece a quién. Absurdo y obtuso su criterio chafón y de intereses oscuros.
Del señor Manuel
Clouthier Carrillo no hacemos ningún comentario, ya que merece el respeto, como
también lo merecen grandes personalidades como lo son el Dr. Corrales Burgueño,
Giova Camacho y todos aquellos ciudadanos que optaron por contender,
legalmente, como candidatos independientes.
Aunque sea un
contrasentido señalar que Manuel Clouthier es ciudadano pero contendió por un
Partido PolÃtico Nacional, y que los ahora injustamente difamados no
pertenezcan o hayan renunciado a un partido polÃtico ESTATAL, para contender
como candidatos independientes.
Señor Hernández: en
la democracia no hay fórmulas de cocina, ni se toman decisiones irreductibles,
menos aún por posiciones como las de usted, que esconde intereses ocultos
llenos de resabio y rencor visceral, amén de las prebendas que históricamente
ha sabido sortear.
Si Corrales Burgueño,
Giova Camacho u otro ciudadano asume su derecho a participar como candidato
independiente o en cualquier otra forma en asuntos polÃticos del paÃs, conforme
a lo que establece la Constitución Federal o la Ley de la Materia, están en
todo su derecho. Si para ello no fueron parte de un partido polÃtico o tuvieron
que renunciar, también es su derecho. Quien lo consagra es el sistema polÃtico
mexicano y no usted. Si por ese motivo se siente agraviado o recibe la consigna
correspondiente de su patrocinador actual, entonces actúe conforme a la ley y
haga uso de ella y no litigue a través de los medios de comunicación. Esto sÃ
es perverso, inmoral, antiético y antidemocrático.
Tener grados
académicos, a nadie le da el derecho de difamar, decir mentiras o mucho menos
equivocarse -(esperamos que no haya sido intencionalmente)- en interpretaciones
legales y constitucionales vigentes. Eso sà es torcer la ley, estimado
Hernández Norzagaray.
Atentamente Partido Sinaloense.