Origen y perspectivas de las candidaturas independientes
Microscopio Social
Origen y perspectivas de las candidaturas independientes:
una aproximación
Por
Héctor Melesio Cuén Ojeda
De acuerdo con el nuevo
marco jurÃdico, los candidatos independientes tienen una contribución histórica
para el mejoramiento de la vida democrática de México.
Aunque los
antecedentes de la modalidad de las candidaturas individuales reguladas por la ley
son decimonónicos, solo hasta 1911 los partidos polÃticos fueron reconocidos
legalmente, con lo que inició la afectación de las candidaturas independientes
y el derecho a ser votados.
Más
tarde, sin embargo, el 2 de julio de 1918, en el artÃculo 107 de la Ley para
Elecciones de Poderes Federales se dio el primer antecedente de participación
de los candidatos independientes, siendo el requisito principal la adhesión al
partido polÃtico mediante un acta formal; ello generaba ambigüedad, ya que con
este requisito el sentido de “independiente†quedaba sin efecto, tal como
estaba establecido previamente en los artÃculos 60 y 66 de dicha ley. Esta cuestión
contradictoria se subsanó con la reforma del 21 de febrero de 1949 con la que,
en definitiva, los partidos polÃticos asumÃan la exclusividad del registro de
sus candidatos.
Entre
2001 y 2005, a pesar de que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (COFIPE) estableció la exclusividad a los partidos polÃticos para
registrar candidatos, con fundamento en la fracción II del artÃculo 35
Constitucional y en el inciso b del artÃculo 23 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, 10 ciudadanos independientes intentaron registrarse a
diferentes cargos de elección constitucional
(dos candidatos a gobernador, cinco candidatos a presidente municipal, dos
candidatos a diputado y un candidato a presidente del paÃs), por lo que interpusieron
diversos recursos jurÃdicos.
No
obstante, en todos estos casos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) rechazó el registro de las candidaturas independientes, lo
que llevó a judicializar la controversia en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), dando lugar en 2008 a la resolución 61/2008, que a la letra dice:
“e) [...]
las normas generales impugnadas se ajustan a la Constitución Federal; porque
para que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
pudiera reconocer las candidaturas independientes es necesario que el
Constituyente Permanente asà lo establezca de manera expresa en la Norma
Supremaâ€.
De lo
anterior derivó la tesis que en definitiva reafirmarÃa la resolución de la
negativa de inconstitucionalidad relativa a la improcedencia del registro de
las candidaturas ciudadanas independientes, cuyo texto es el siguiente: “[...]
dado que no existe en el indicado artÃculo 41 una base normativa relativa a las
candidaturas independientes, no está previsto que el legislador ordinario
federal pudiese regularlas ni la forma en que pudiese hacerlo, y ello por
razones de principio de orden constitucional, toda vez que aquél no sólo
encontrarÃa graves problemas para legislar en esa materia, sino que en virtud
del diseño constitucional orientado a fortalecer el sistema constitucional de
partidos polÃticos, en lo tocante a las referidas candidaturas independientes
tampoco hay bases constitucionales que permitan hacer efectivos los principios
rectores de la función estatal electoral (como el de certeza o de legalidad),
asà como otros principios relacionados (como el de igualdad en la contienda
electoral o el de que en el financiamiento de los partidos polÃticos y sus
campañas electorales los recursos públicos deberán prevalecer sobre los de
origen privado) y, particularmente, en lo tocante a prerrogativas tales como el
acceso a los medios de comunicación (radio y televisión), entre otros aspectos
fundamentalesâ€.
No obstante esta negativa, este fue el antecedente
más próximo para la institucionalización de las candidaturas ciudadanas
independientes, ya que posteriormente se adecuó el orden constitucional y el
marco jurÃdico-electoral, asà como su relación con las disposiciones jurÃdicas
internacionales, y una de sus consecuencias fue la reforma polÃtica en materia
electoral en el periodo 2012-2014, tomando como base a la Constitución federal,
las Constituciones de los estados y, secundariamente, las leyes electorales
federal y estatales.
A casi setenta años de exclusividad de los partidos
polÃticos, en este 2015 se realiza la primera prueba de candidaturas
independientes para diputados federales, y en algunos estados para gobernador,
diputados locales y presidentes municipales.
De 43 aspirantes a candidatos a diputación federal,
el Instituto Nacional Electoral (INE) registró a 22, que equivale a 51.16%.
Cabe hacer mención que Sinaloa obtuvo el primer lugar de todas las entidades
que registraron candidatos independientes, con cinco: VÃctor Antonio Corrales
Burgueño, Giova Camacho Castro, Jesús Alfredo Ayala López, Manuel de Jesús
Clouthier Carrillo y José Vidal Jiménez RamÃrez, que representan el 22.78%; siendo
el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, por el número de registro
firmas. De los registrados a nivel nacional, quien obtuvo el primer lugar fue VÃctor
Antonio Corrales Burgueño, candidato a diputado por el sexto distrito electoral.
Como se advierte en los antecedentes legislativos,
tanto en la etapa de registro como durante el proceso electoral, la competencia
de esta nueva forma democrática es inequitativa y de extrema dificultad para
las candidaturas independientes, por lo que el triunfo de los candidatos
independientes está fincado en la capacidad de organización, la participación
ciudadana y en la crisis de credibilidad que en su exterior e interior tienen
los partidos nacionales.
Por su parte, el Estado y sus instituciones
electorales deben estar a la altura de esta experiencia inédita, tener la
capacidad para procesar la legitimidad de las candidaturas ciudadanas
independientes y fortalecer la vida democrática de México y de las entidades
federativas.