Urgen a que Congreso legisle leyes secundarias para Ley de Protección a Derechos de Niñas, Niños

Cuén y Diputados del PAS urgen a que Congreso legisle leyes secundarias para Ley de Protección a Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Sinaloa

Estado de Sinaloa, México. (NotiPAS).- Desde la Tribuna del Congreso de Sinaloa, la Diputada del Partido Sinaloense, PAS, María del Rosario Sánchez Zatarain, a nombre del Grupo Parlamentario que coordina el Maestro Hévtor Melesio Cuén Ojeda, hizo un fuerte llamado a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política y a la Secretaria General del Poder Legislativo de la entidad, para que tomen las medidas necesarias para que todas las iniciativas presentadas para reforzar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, sean analizadas y dictaminadas a la brevedad, porque, afirmó, de nada servirá el esfuerzo, que por cierto no fue poco, en la aprobación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, si no completamos el proceso legislativo en beneficio de todos ellos. Estamos por entrar al tercer año de trabajos de esta Legislatura. La sociedad está atenta al trabajo legislativo de nosotros, legislemos con visión integral, solicitó.

La legisladora dijo que el miércoles 14 de octubre de 2014, se publicó en el periódico oficial del Estado de Sinaloa, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, donde se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, a la familia, a la comunidad y al Estado, como los responsables de garantizar su bienestar de manera progresiva e integral y además, establece principios rectores y criterios que orientarán la política en materia de infancia y crea mecanismos institucionales que facilitarán la comunicación, la coordinación y la toma de decisiones entre autoridades, sociedad civil y sector privado a fin de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, por lo que se reconoce también la importancia de asignar recursos específicos para la realización de los derechos de la infancia y de integrar mecanismos para garantizar la participación efectiva de la sociedad civil y de los propios niños, niñas y adolescentes.

La aprobación de esta Ley, dijo la diputada, fue sólo el primer paso, porque sin la aprobación de las leyes secundarias, ésta quedaría huérfana e incompleta, a lo que pidió fortalecer este marco legal, sin esperar a que las iniciativas presentadas por el Partido Sinaloense y por otros grupos parlamentarios queden en la reserva estatal de iniciativas no dictaminadas, la vil congeladora legislativa, aún cuando estas leyes secundarias son necesarias y urgentes.

Recordó que el PAS ha entregado al Congreso 7  iniciativas, entre leyes secundarias y reformas vinculantes a esta ley, las cuales son: Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Asistencia Social del Estado de Sinaloa; Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa; Iniciativa que Reforma y adiciona diversos artículos del Código Familiar del Estado de Sinaloa; Iniciativa mediante la cual se Reforman algunos Artículos del Código Familiar y del Código de Procedimientos Familiares, ambos del Estado de Sinaloa; Iniciativa mediante la cual se Reforman y Adicionan algunos Artículos del Código Familiar del Estado de Sinaloa, con relación a la Patria Potestad; Iniciativa de Decreto por el que se expide la Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y finalmente Iniciativa de reformas los artículos 19, 20 y 129 de la Ley que Regula la Prevención y el Control de las Adicciones en el Estado de Sinaloa.

Estas normativas propuestas por el Partido Sinaloense, explicó, son las que se tienen que armonizar para que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, esté completa.

“Repito, logramos dar un gran paso al armonizar la ley general, pero, el siguiente paso es reforzar el marco jurídico local, para que el impacto en los principios y en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pueda influir directa e indirectamente en la población y que el Estado cumpla con sus responsabilidades”, expresó.