“Las actividades de pesca y acuicultura son de alto impacto social y económico para el futuro desarrollo del estado de Sinaloa; es particularmente fundamental para municipios con linderos costeros y presas, además de que ejercen una influencia determinante en el comercio, el turismo y la industria. Sin embargo, esta actividad presenta el problema de sobreexplotación de los recursos o de mal aprovechamiento, especialmente en pesquerÃas de aguas protegidasâ€, manifestó.
En ese sentido, indicó que, como gobernador de Sinaloa, buscará mejorar la actuación de los organismos responsables de la regulación de la actividad, como Semarnat y Profepa, entre otros, para que se respeten las normas en relación al establecimiento de granjas, estudios de impacto ambiental, sanidad de productos del mar y calidad de exportación.
Y es que, señaló, las fallas en los mecanismos de regulación pública generan corrupción y anarquÃa, lo que obstaculiza la sustentabilidad de los recursos. Estos problemas se asocian a la excesiva centralización federal y a la carencia de instrumentos de los gobiernos locales para influir en la dinámica de la actividad. A lo anterior se suman problemas de tenencia no resueltos y la existencia de conflictos entre armadores, cooperativas, ejidatarios y acuicultores.
