Microscopio Social Marcha atrás a los incrementos de la gasolina única solución al descontento de

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Marcha atrás a los incrementos de la gasolina; única solución al descontento de la población
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Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

Ante la fallida Reforma Energética y el incremento inmoderado de los precios de los combustibles, las expresiones de rechazo social que se están manifestando a lo largo y ancho del país son de gran importancia para lograr que los costos bajen al nivel en que se encontraban al 31 de diciembre de 2016, tan es así que la única explicación para que no se haya implementado el incremento anunciado para el 4 de febrero, son las manifestaciones populares que se expresaron en alrededor de 24 estados de la república.

Sin embargo, es entendible que la sociedad se agota ante tantas movilizaciones, y a eso le apuesta el gobierno federal. Por ello es obligado entender que existen otras dos condiciones para evitar que en principio sigan aumentando los costos de los combustibles, y más allá vuelvan a los niveles que tenían el 31 de diciembre de 2016, estas dos consideraciones son de carácter jurídico-legal y por otro lado la voluntad de nuestros gobernantes.

Por esta razón, el 20 de enero un servidor presentó ante el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa un juicio de amparo contra el incremento a los combustibles y proteger así a todos los sinaloenses. Este recurso legal solicita que los precios de la gasolina regresen a los que se tenían en diciembre de 2016.

El amparo es contra el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contra el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, contra el presidente de la República, contra el secretario de Gobernación y contra el director del Diario Oficial de la Federación.

Permítanme explicarles por qué es así. En primer lugar, se violan en perjuicio de los sinaloenses los derechos subjetivos públicos consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16, 25, 26, 40, 89, fracción I, 90 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos fundamentales consagrados en los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; enfatizándose que el instrumento internacional citado, obliga al Estado Mexicano para que propicie las condiciones para que los habitantes y sus familias tengan acceso a una vida digna.

En segundo lugar, es contra del secretario de Hacienda y Crédito Público por dar a conocer, en el Acuerdo 98/2016, las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, que entró en vigor el 1 de enero de 2017. Este acuerdo viola los artículos 14, 16, 25, y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la propia lectura del Acuerdo 98/2016 por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, que entra en vigor el día 1 de enero de 2017, se advierte que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el órgano que fija los precios de las gasolinas y diésel; sin embargo, dicha cuestión es anómala e inconstitucional, toda vez que la Secretaría de Estado competente para imponer precios por gasolina y diésel, proveniente de la importación, es la Secretaria de Economía, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; del mismo, también dicha secretaría carece de facultades para fijar los precios de la gasolina y diésel producidos en territorio nacional, ya que el ente competente es la “empresa productiva del Estado” denominada “Petróleos Mexicanos”.

En el supuesto de que la gasolina y diésel sean importados, la autoridad competente para fijar los precios es la Secretaría de Economía, quien deberá escuchar la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que así lo estipula la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al referirse a productos que provengan del exterior; por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un ente incompetente, es decir, carece de facultades para fijar los precios de gasolina y diésel importados.

Este  Acuerdo 98/2016 por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, dictado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, transgrede los artículos 14, 16 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en detrimento de la esfera jurídica de los sinaloenses, por lo que el amparo solicita, que no se aplique el acuerdo de marras en el estado de Sinaloa.

En tercer lugar, es contra el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por la discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, específicamente por lo que se refiere a la fracción II del artículo décimo segundo.

En cuarto lugar, es contra el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por la promulgación de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. En quinto lugar, es contra el secretario de Gobernación por el refrendo de la promulgación de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. Y finalmente, es contra el director del Diario Oficial de la Federación por la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Una eventual concesión del amparo generaría un beneficio a los habitantes del estado de Sinaloa, ya que verían respetados sus derechos humanos que están consagrados en los tratados internacionales y la Constitución Federal.

Este amparo lo hacemos con toda la convicción de que “Sí se puede”, pues ya hemos tenido experiencias de esta naturaleza; una de ellas son las acciones inconstitucionales que formulamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la fórmula que acordó la 61 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa para estimar la bolsa económica a distribuir entre los partidos políticos aquí en Sinaloa, lo cual entraba en contradicción con lo establecido en la legislación nacional, y en donde la Suprema Corte nos dio la razón.

Estamos convencidos de que atender el camino de la ley, arroja resultados positivos, y por ello pensamos que el juicio de amparo contra el gasolinazo tendrá buenos resultados para los sinaloenses.

Gracias y que pasen una excelente semana.