POSICIONAMIENTO DEL DIPUTADO VÃCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO SINALOENSE, SOBRE COBERTURA EDUCATIVA A MIGRANTES SINALOENSES, MEXICANOS, DEPORTADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Con su permiso, Diputada Presidente.
La polÃtica antiinmigrante puesta en marcha por el presidente de Estados Unidos Donald Trump es ya una realidad. Esto no es nuevo, pues en los dos periodos del presidente Barack Obama también ocurrió; asÃ, desde 2009 a la fecha han sido repatriados 2.8 millones de mexicanos, según datos del Instituto Nacional de Migración.
Sin embargo, debido a la obsesión del presidente Trump contra los indocumentados, especialmente contra los mexicanos, desde el 20 de enero las nuevas medidas implementadas incrementarán la deportación; de hecho, en los últimos dÃas firmó dos órdenes ejecutivas para acelerar dicho proceso, para la cual contratará a 15 mil agentes de inmigración.
El presente posicionamiento tiene el objetivo de abordar el asunto de los niños, niñas y jóvenes conocidos como dreamers, quienes fueron llevados por sus padres de manera ilegal a Estados Unidos desde pequeños y que, en un principio, tuvieron la oportunidad de estudiar y, con el paso de los años, de trabajar.
Los dreamers fueron denominados asà por el Congreso estadunidense, en alusión a un proyecto de Ley que brindaba alternativas a pesar de su estatus como ilegales; se trata de personas que han pasado casi toda su vida estudiando en Estados Unidos, razón por lo cual se identifican prácticamente como de ese paÃs.
Los dreamers recibieron protección del presidente Obama en 2012 mediante el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), mismo que les permite a los jóvenes residir, obtener un permiso de trabajo, tener una licencia de manejo y estudiar en una institución educativa. Estos beneficios tienen que ser renovados cada dos años.
Se estima que en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados, de los cuales 6.5 millones son de origen mexicano y el 48% habrÃa llegado antes del año 2000 sin estatus legal. Asimismo, serÃan 2.1 millones de indocumentados que llegaron siendo niños.
El programa DACA inició en 2012 con 750 mil indocumentados, de los cuales el 78.5% son mexicanos, es decir, son 588 mil 859 dreamers. De esta cantidad, 456 mil 859 solicitaron su renovación para permanecer en Estados Unidos,
Según datos del Instituto Nacional de Migración, hasta 2016 el Servicio de CiudadanÃa e Inmigración de ese paÃs habÃa recibido un millón 622 mil 921 solicitudes para acogerse al programa DACA, de las cuales fueron aceptadas el 94%.
No obstante, el programa DACA ha dejado de ser una garantÃa de protección. Por ejemplo, el pasado 15 de febrero oficiales de migración arrestaron a un joven “protegidoâ€; a pesar de tener permiso de trabajo, los agentes llegaron a su domicilio en busca de su padre indocumentado y arrestaron al joven que los atendió. Por tanto, se valora que en los próximos dÃas se incremente considerablemente este tipo de acciones.
Y es que se considera que de los jóvenes con posibilidades de ser deportados, 7 de cada 10 están en plena etapa productiva, carecen de documentos, desconocen las leyes mexicanas, hablan inglés y el manejo del español es limitado; asimismo, tienen cierta preparación y muchos de ellos seguramente tendrán la aspiración de continuar sus estudios, para lo cual requerirán la revalidación de lo que al momento han cursado.
Hasta hoy, no se tiene el número exacto de personas repatriadas, ya que las deportaciones han sido desordenadas; sin embargo, el año pasado 219 mil 932 mexicanos fueron obligados a retornar a Baja California, Tamaulipas, Sonora, Coahuila y Chihuahua, estados donde no existen albergues para recibir a tantas personas.
Debido a esta situación, el presidente Enrique Peña Nieto empezó a tomar medidas que les faciliten a los dreamers ingresar a instituciones educativas y continúen sus estudios.
El 1° de febrero, el presidente Peña Nieto presentó ante el diputado Javier Bolaños Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados federales, una iniciativa de decreto con carácter preferente por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
Dicha iniciativa reforma la fracción III del artÃculo 14, el segundo párrafo del artÃculo 60, el primer párrafo del artÃculo 61 y el artÃculo 62, y se adiciona una fracción XI Bis al artÃculo 33, asà como un párrafo al artÃculo 63 de la Ley General de Educación.
El mismo dÃa esta iniciativa fue turnada por el presidente de la Cámara de Diputados al Senado de la República; en ella el presidente adjuntó copias de los oficios a la SecretarÃa de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envÃa el Dictamen de Impacto Presupuestario.
El objetivo principal de esta reforma es:
Facilitar la movilidad académica, otorga facilidades a los migrantes que regresen al paÃs para incorporarlos al sistema educativo nacional, sin importar su condición migratoria o los documentos con los que cuenten.
Se faculta a la SecretarÃa de Educación Pública a determinar, mediante normas y criterios generales, los casos en que los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional, pueden adquirir validez oficial.
Se propone aprovechar la experiencia y conocimientos de los cuerpos académicos de las instituciones particulares de educación superior, autorizándolas para que otorguen revalidaciones parciales de estudios de licenciatura.
Es importante resaltar que estas reformas a la Ley General de Educación modifican sustancialmente los requisitos para ingresar al sistema educativo nacional, ya que le da un impulso sustancial a la equidad educativa y hace efectiva la igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.
A la vez, se adicionó la fracción XI Bis al artÃculo 33, para quedar como sigue:
Impedirán que la falta de documentación de identidad o académica de niñas, niños y adolescentes sea un obstáculo para acceder al sistema educativo nacional. A efecto de lo anterior, se les deberá facilitar opciones para obtener la documentación que permita su integración o tránsito por el sistema educativo nacional.
También es importante afirmar que el artÃculo tercero transitorio afirma que “Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la SecretarÃa de Educación Pública en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes […]â€.
El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense se congratula con la presentación de esta iniciativa y apoya las reformas propuestas por el presidente Peña Nieto, pero, al mismo tiempo, expresa su preocupación por los permanentes recortes de recursos económicos a las universidades públicas, lo cual no concuerda con el espÃritu de la iniciativa comentada.
El pasado 7 de febrero se anunció un recorte presupuestal de 21 mil 200 millones 500 mil pesos al ejercicio presupuestal de 2017. La reducción impacta a 13 de los 17 programas de desarrollo social, considerados altamente prioritarios por el Consejo Nacional de Evaluación de la PolÃtica de Desarrollo Social.
Otros programas afectados son el Apoyo para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, con 2 mil 113.1 millones de pesos menos; el Programa Nacional de Becas, con un recorte de 1 mil 935 millones; el Fortalecimiento de la Calidad Educativa, con una disminución de 1 mil 739.9 millones; asà como el Programa de Inclusión Digital, que dejará de recibir 1 mil 642 millones, siendo este el caso más dramático, pues se le suprimió el presupuesto total y se considera que desaparecerá.
Por otra parte, otros recortes que se aplicaron son los siguientes: al Programa para el Desarrollo Profesional Docente, se le quitaron 991 millones 800 mil pesos; a las Escuelas de Tiempo Completo, 800 millones; al Programa de Cultura FÃsica y Deporte, 528.6 millones; a Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, 372.4 millones; al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, 231.7 millones; al Programa Nacional de Convivencia Escolar, 89.5 millones, y al Programa de Carrera Docente en UPES, 39.3 millones.
Evidentemente, Sinaloa se verá afectado por estos recortes. En el programa del Fortalecimiento de la Calidad Educativa, la Universidad Autónoma de Sinaloa recibió un recorte de 18 millones 789 mil pesos del monto original presupuestado de 67 millones 715 mil pesos, lo que pondrá a la UAS en problemas para el próximo mes.
En conclusión, Sinaloa tendrá un impacto con los dreamers que sean deportados y decidan radicar aquÃ. Por tanto, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense formula las siguientes propuestas: en primer lugar, que el gobierno estatal, a través de las autoridades correspondientes, tome las medidas pertinentes para enfrentar esta situación.
En segundo lugar, pero no por
ello es menos importante, consideramos que la unión de este H. Congreso es más necesaria que nunca para apoyar a las instituciones de educación y poder resolver esta situación de forma conjunta.
En este sentido, exhortamos a las autoridades estatales a que implementen tres acciones prioritarias:
1. Poner a disposición de los jóvenes deportados un portal público para que se registren y poder contar asà con un padrón oficial.
2. Que el gobierno del estado, tal como ocurrió el año pasado, cuando muchos jóvenes no alcanzaron cupo para inscribirse y proseguir con sus estudios, convoque a los directores y rectores de las instituciones de educación media superior y superior a una reunión para delinear las polÃticas a seguir, asà como acordar las formas de apoyo a los jóvenes deportados.
3. Que el gobierno de Sinaloa establezca una casa del migrante para brindar un refugio a los deportados, nacionales o extranjeros. A pesar de que nuestro estado es un lugar de tránsito de la migración, es uno de los pocos que no cuenta con este instrumento de ayuda humanitaria.
La situación que nos toca vivir requiere sensatez para ser interpretada y compartir los esfuerzos para ayudar a nuestros connacionales, pero también se requiere que el Ejecutivo federal entienda que la mejor inversión que se puede hacer es en la educación y no es recortándole recursos económicos a las universidades públicas como se podrá lograr tener una educación de calidad.
Es cuanto, Diputada Presidente. |
