Muchos de los derechos humanos en el mundo se traducen en simples proclamas, porque no llegan a materializarse en la realidad, y dependen de las condiciones socioeconómicas de cada persona para ejercerlos, aun cuando en las constituciones y en los tratados internacionales no exijan requisito alguno para concretarlos. Uno de ellos es el Derecho a la Alimentación.
Frente a este, todos los Estados nacionales tienen el deber jurÃdico de atenderlo, y por lo mismo, no es ninguna gracia que cumplan con él, ni tampoco motivo para ufanarse cuando se diseñan e instrumentan polÃticas públicas para combatir el hambre.
De acuerdo con el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), existen en el planeta unos 842 millones de personas que hoy padecen hambre.
Expertos en la materia, estiman a nivel mundial ─con algunas variantes─ que al año mueren alrededor de 14 millones 600 mil personas como consecuencia del hambre. De estas, aproximadamente 5 millones 900 mil son niños.
En México, durante 2011, murieron de hambre alrededor de 11 mil personas, según datos proporcionados por el gobierno federal. Pero al 2012 existÃan alrededor de 7.4 millones de personas en situación de carencia alimentaria. Es muy probable que esta cifra aumente en la realidad para este año, dadas las condiciones y comportamiento económico que venimos observando, y por los severos estragos derivados de las contingencias meteorológicas recientes; aunque oficialmente se manejan 7.01 millones para este año 2013, cosa que dudamos con base en una serie de evidencias empÃricas que poseemos.
En los últimos setenta años se han instrumentado en nuestro paÃs múltiples programas vinculados directamente con la alimentación. Todos dirigidos a mitigar esta carencia socioeconómica: la alimentación.
El actual gobierno de la república puso en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre en 400 municipios. Tiene entre sus objetivos, precisamente, cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores.
La cruzada se creó como un Sistema Nacional, en el que convergen 19 dependencias y entidades del sector público de la federación. En ella también participan los estados y los municipios, asà como los sectores social y privado, incluidos diversos organismos e instituciones internacionales para tratar de cumplir con sus objetivos.
Sin embargo, adolece de un diagnóstico y de un diseño adecuado, además de que no tiene indicadores precisos para medir sus resultados e impactos, ni se le ha fijado un presupuesto especÃfico. Quizá por ello en el primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no se proporcionan datos claros y exactos que permitan evaluarlo en términos técnicos, objetivos y globales, a partir de dichos indicadores, pero vinculados directa y exclusivamente con el Derecho a la Alimentación, por ser su núcleo esencial.
Se afirma esto último, ya que a lo largo del citado informe sólo se hace referencia a infinidad de datos sectorizados y muy dispersos, pero muchos de ellos desvinculados al tema concreto de ese derecho fundamental, no obstante de que se habla de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, estrechamente asociada a la carencia de alimentación.
Esto nos indica que no se tiene claramente definida, ni debidamente diseñada la citada Cruzada, ni tampoco el enfoque de sus acciones para reducir el hambre; coincidiendo nuestra apreciación y criterio con el primer informe recientemente formulado por el Consejo Nacional de Evaluación de la PolÃtica de Desarrollo Social (CONEVAL).
Por ese motivo, el Partido Sinaloense (PAS), propone que se realicen todas las correcciones técnicas, conceptuales y metodológicas a la Cruzada Nacional Contra el Hambre; se fije una lÃnea presupuestal especÃfica cada año para garantizar su sostenimiento y abatimiento efectivo; se diseñe un modelo de gestión moderno para ésta, a fin de que sea más eficiente y eficaz, para que cumpla cabalmente con todos y cada uno de sus objetivos, especialmente aquellos que indican cero hambre a partir de una alimentación adecuada y el encaminado a la desnutrición infantil. Además de que sea ampliado a toda la población que se halla en situación de pobreza extrema en nuestro paÃs; no limitarla sólo a esos 400 municipios, con el propósito de que ayude a mitigar también las otras carencias que la generan, y mejorar sustancialmente la polÃtica de empleo y demás polÃticas públicas vinculadas al tema, con el objetivo de resolverlo de fondo. Todo con el propósito de que se haga efectivo en los hechos el Derecho a la Alimentación del pueblo mexicano, y deje de ser simple proclama en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de que México es parte integrante.