SE DEBE ESCUCHAR AL PUEBLO Y EL PAS SIEMPRE LO HARÁ CUEN

18 de December de 2013
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SE DEBE ESCUCHAR AL PUEBLO Y EL PAS SIEMPRE LO HARÁ CUEN

CULIACÁN, SINALOA; A 17 DE DICIEMBRE DE 2013

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO SINALOENSE

 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL MAESTRO HECTOR MELESIO CUEN OJEDA, DIPUTADO PRESIDENTE ESTATAL DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO, EN REFERENCIA A LA REFORMA ENERGÉTICA.

 

Con su permiso Diputado Presidente

 

Compañeras Diputadas y compañeros Diputados

 

Amigos representantes de los medios de comunicación en este recinto parlamentario

 

Estimado público asistente a esta sesión histórica del Congreso Local

 

Pueblo sinaloense

 

He pedido hacer uso de esta alta tribuna para hablar de la Reforma Constitucional Energética, y para dejar en claro el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense.

 

Adelantamos que dicho posicionamiento se fundamenta en los resultados que arrojó la consulta ciudadana que el día de ayer se aplicó en los 18 municipios de Sinaloa.

 

Cuando anduvimos en campaña política, nos comprometimos, de llegar a este lugar, a no realizar nada que estuviese en contra del sentir de la mayoría del pueblo sinaloense, porque somos congruentes con nuestra palabra empeñada. Y aquí lo estamos demostrando con hechos, no con vana retórica sin sustancia.

 

Nuestra Constitución Federal, ordena claramente, que todos los recursos naturales son propiedad originaria de la Nación, es decir, de todos los mexicanos, y no de unos pocos consorcios de intereses nacionales y extranjeros a los que parece obedecer la Reforma Constitucional Energética que ha llegado a esta LXI Legislatura como parte del Constituyente Permanente.

 

Resulta pertinente recordar, que en México, en efecto, los energéticos son bienes del dominio de la Nación, y por ello, lo menos que debió hacerse antes de tomar una decisión de esta naturaleza y tan delicada, fue realizar una amplia consulta popular, porque todos los mexicanos somos los auténticos y verdaderos dueños de los recursos naturales que se hallan en el suelo y subsuelo del territorio nacional, incluidos los que se encuentran en los lechos marinos o sus aguas profundas, de conformidad con nuestro derecho interno e internacional.

 

También recordemos, que la inmensa riqueza en hidrocarburos que la naturaleza depositó en el subsuelo de nuestro país, ocupa un sitio especial en la conciencia y espíritu del pueblo mexicano.

 

Hasta hoy, la Carta Magna establece que la propiedad y el dominio directo de la Nación sobre estos recursos, son inalienables e imprescriptibles.

 

Nos queda muy claro, que la apropiación nacional de los beneficios de esa riqueza, que la sociedad mexicana considera estratégica y sagrada, ha estado sujeta a presiones externas e internas para reorientarla hacia el beneficio particular, sobre todo a favor de los grandes consorcios nacionales y extranjeros.

 

¿Por qué esas fuertes presiones? Simplemente porque México hoy está colocado como el quinto productor mundial de petróleo. Porque somos también el quinto exportador en el orbe de ese producto natural. Porque las reservas mexicanas probadas de hidrocarburos se ubican en el 13º lugar mundial, y puede estar en un mejor sitio. Y porque el petróleo mexicano reditúa enormes ganancias. Sus ingresos antes de intereses, impuestos y amortizaciones han pasado de 71 mil millones de dólares en 2008 a 88 mil millones en 2012, según información contenida en el dictamen formulado por la Comisión respectiva del Senado de la República para este tema.

 

Es una empresa sumamente rentable. Tan es así, que aporta al presupuesto público federal, poco más de su tercera parte, ya que PEMEX entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ese mismo año de 2012, poco más de 900 mil millones de pesos. Lo cual significa que por cada barril de petróleo crudo vendido, dicha secretaría se queda con casi el 69%.

 

Al 2012 también, la producción de petróleo crudo por parte de Pemex promedió 2 millones 548 mil barriles por día. El precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación fue de 101.81 dólares por barril, y las ventas totales tuvieron un máximo histórico de 1 billón 647 mil millones de pesos.

 

Entonces, el verdadero fondo e interés por la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, son esos enormes ingresos petroleros, aunque resulte contrario al bienestar del pueblo mexicano.

 

Se nos ha dicho en el discurso oficial, que esta reforma tiene, entre otros, como objetivos: favorecer y alentar el bienestar de las familias mexicanas mejorando el acceso, la calidad y los precios de los bienes y servicios públicos de energía; impulsar el crecimiento económico nacional; garantizar el suministro suficiente, con calidad y a menores precios de los energéticos e insumos producidos por las empresas públicas; de que los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la Nación; se transformará a Petróleos Mexicanos en una empresa pública de carácter productivo; que se multiplicará la exploración y producción de hidrocarburos; se creará un entorno de competencia en refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos; se ampliarán las facultades y se fortalecerá a la Comisión Nacional de Hidrocarburos; se convertirá a Petróleos Mexicanos en el motor de una cadena de proveedores nacionales; y que PEMEX será uno de los ejes centrales en la lucha contra el cambio climático.

 

Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Históricamente a los mexicanos se nos ha mentido casi todo el tiempo.

 

Cuando se privatizó TELMEX, también nos ofrecieron el cielo y las estrellas.

 

Lo mismo sucedió con la concesión de las autopistas. Se nos bajó el paraíso con la reforma laboral, porque se nos ofreció que los trabajadores tendrían mayores ingresos.

 

Recordemos también qué nos pasó con la privatización de los bancos. Se entregó una palanca clave del desarrollo económico a manos inexpertas, quienes terminaron generando una burbuja y una crisis hipotecaria que devino en ese instrumento siniestro que fue el FOBAPROA, el cual por cierto aún estamos pagando.

 

Entonces, pregunto ¿quién paga los platos rotos con las malas decisiones? La respuesta es obvia: el pueblo, los ciudadanos de a pie, los dueños de las pequeñas y medianas empresas. Jamás los grandes consorcios nacionales y extranjeros.

 

¿Quiénes son los que aún mantienen y mantendrán los privilegios fiscales a pesar de la reforma hacendaria que se hizo? La respuesta la sabemos todos: esos grandes consorcios.

 

Las exenciones y demás privilegios fiscales en México en la actualidad significan casi el 6% del PIB, lo cual equivale aproximadamente a 876 mil 400 millones de pesos.

 

Según datos disponibles al 2005, por ejemplo, dichos privilegios se concentraron en alrededor de 4 centenares de grandes contribuyentes, y sólo 10 de ellos recibieron en promedio mil 742 millones de pesos por concepto de devoluciones de impuestos.

 

Cabe destacar que en ese mismo año, 50 grandes contribuyentes pagaron al fisco en promedio únicamente 74 pesos de Impuesto Sobre la Renta.

 

Ello explica claramente por qué México tiene una de las más bajas recaudaciones tributarias dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Incluso, durante el periodo de 1990 a 2010 tuvo la menor captación de impuestos dentro del escenario de la citada organización. Hoy la recaudación asciende al 19.7% del PIB incluidos los ingresos petroleros.

 

Si sumamos los impactos que producen la economía informal y los privilegios fiscales, nos arroja casi el 11%  de afectación al PIB, de donde se revela claramente la fragilidad e ineficiencia de nuestro sistema tributario, y explica también la existencia de tantas carencias que sufre la gran mayoría de los mexicanos, y por qué México no es competitivo. 

 

En materia de ingresos públicos, existe una alta dependencia del Estado mexicano con la industria petrolera. Tenemos más de tres décadas con finanzas públicas petrolizadas y no podemos encontrar la salida. Y la percepción de la opinión pública, es que vamos en el camino equivocado.

 

El agresivo régimen fiscal y estricto control del presupuesto de egresos de la federación, han impedido a PEMEX destinar suficientes recursos para mantener y expandir la infraestructura.

 

Por esa razón, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, manifiesta que la reforma energética debió hacerse en forma armónica, sistemática y simultanea junto con la reforma hacendaria, no ser tratada en forma aislada o separada como se hizo.

 

En dicha reforma energética, debió haberse garantizado en disposiciones transitorias, los porcentajes específicos que se destinarían a salud, a educación, a vivienda, a inversiones productivas, a infraestructura, y precisar la gradualidad de dichas inversiones. Pero no se hizo.

Por eso nos reservamos el derecho de dudar que la reforma energética tenga los beneficios que el discurso oficial nos ofrece.

 

Dice el viejo adagio popular: la burra no era arisca, sino que la hicieron. Por eso no existe confianza en el planteamiento oficial. Así lo dice el pueblo.

 

Lo que hoy lamentablemente percibimos, es el tufo autoritario de tiempos que creíamos se habían ido. Ya es un consenso entre los especialistas que México está regresando al centralismo atroz del pasado. No hemos podido superar esa mentalidad excluyente y autoritaria que desdeña el pluralismo político.

 

Si no, ¿Por qué se ha aprobado fast track la reforma constitucional que hoy nos ocupa? ¿Cuál es la prisa, cuál es el desespero? Quizá ser serviles a los organismos nacionales y extranjeros que promovieron esa reforma energética, o quizá porque están acostumbrados a los dictados del Sistema Político Mexicano.

 

No se les olvide que el pueblo es el verdadero soberano, es él, el que realmente manda y no hay que traicionarlo. A él hay que atenernos y al juicio de la historia. Recordemos que la democracia representativa descansa en el principio de mandar obedeciendo, y hoy esto no se está cumpliendo.

 

Por desgracia, en este proceso de reforma constitucional energética, las legislaturas locales no han consultado a la ciudadanía, aun cuando el pueblo es el soberano originario; y más aún, cuando los energéticos, como los hidrocarburos y la electricidad, históricamente, han sido y son propiedad de la nación.

 

Seamos congruentes con nosotros mismos. Démosle la voz al pueblo, porque en él radica la soberanía originaria. Hagamos que funcionen los mecanismos de consulta popular para decisiones tan trascendentes como la reforma energética que hoy se decide en este Congreso Local.

 

Permítanme compartir con ustedes los resultados de la consulta ciudadana que el Partido Sinaloense aplicó el día de ayer en los 18 municipios del estado. En ella se expresaron un total 27 mil 717 sinaloenses. Y dicha consulta fue en torno a dos preguntas muy sencillas y prácticas.

 

La primera pregunta: ¿Conociste la propuesta de reforma energética? El 45.5 por ciento de la gente manifestó efectivamente conocer la propuesta, pero una mayoría, el 54.5%, dijo no conocerla.

 

La segunda pregunta fue la siguiente: ¿Está de acuerdo con la aprobación de esta reforma? Un 24.18 por ciento se manifestó a favor, pero un contundente 75.83 por ciento, es decir, un poco más de las tres cuartas partes de la ciudadanía consultada, rechazó la reforma energética que hoy se pone a la consideración de este Congreso Local como parte integrante del Constituyente Permanente.

 

Hoy, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, siendo congruente con su compromiso de legislar apegado al mandato ciudadano, y valorando profundamente el sentir popular que la consulta ciudadana nos arroja, manifiesta su absoluta posición en contra de la reforma energética que nos envía el Congreso General, reconociendo el rechazo claro de un sector mayoritario de la sociedad a las modificaciones constitucionales en marcha.

 

En nuestros documentos básicos como partido, tenemos como uno de los principios rectores, la solidaridad con las causas populares. Hoy lo refrendamos, y por eso nuestro voto será en contra.

 

Es cuanto Diputado Presidente.