SE DEBE ESCUCHAR AL PUEBLO Y EL PAS SIEMPRE LO HARÃ CUEN
CULIACÃN, SINALOA; A 17 DE DICIEMBRE DE 2013
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO SINALOENSE
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
MAESTRO HECTOR MELESIO CUEN OJEDA, DIPUTADO PRESIDENTE ESTATAL DE ESTE
INSTITUTO POLÃTICO, EN REFERENCIA A LA REFORMA ENERGÉTICA.
Con su permiso Diputado
Presidente
Compañeras Diputadas y
compañeros Diputados
Amigos representantes de los
medios de comunicación en este recinto parlamentario
Estimado público asistente a
esta sesión histórica del Congreso Local
Pueblo sinaloense
He
pedido hacer uso de esta alta tribuna para hablar de la Reforma Constitucional
Energética, y para dejar en claro el posicionamiento del Grupo Parlamentario
del Partido Sinaloense.
Adelantamos
que dicho posicionamiento se fundamenta en los resultados que arrojó la
consulta ciudadana que el dÃa de ayer se aplicó en los 18 municipios de
Sinaloa.
Cuando
anduvimos en campaña polÃtica, nos comprometimos, de llegar a este lugar, a no
realizar nada que estuviese en contra del sentir de la mayorÃa del pueblo
sinaloense, porque somos congruentes con nuestra palabra empeñada. Y aquà lo
estamos demostrando con hechos, no con vana retórica sin sustancia.
Nuestra
Constitución Federal, ordena claramente, que todos los recursos naturales son
propiedad originaria de la Nación, es decir, de todos los mexicanos, y no de
unos pocos consorcios de intereses nacionales y extranjeros a los que parece obedecer
la Reforma Constitucional Energética que ha llegado a esta LXI Legislatura como
parte del Constituyente Permanente.
Resulta
pertinente recordar, que en México, en efecto, los energéticos son bienes del
dominio de la Nación, y por ello, lo menos que debió hacerse antes de tomar una
decisión de esta naturaleza y tan delicada, fue realizar una amplia consulta
popular, porque todos los mexicanos somos los auténticos y verdaderos dueños de
los recursos naturales que se hallan en el suelo y subsuelo del territorio
nacional, incluidos los que se encuentran en los lechos marinos o sus aguas
profundas, de conformidad con nuestro derecho interno e internacional.
También
recordemos, que la inmensa riqueza en hidrocarburos que la naturaleza depositó
en el subsuelo de nuestro paÃs, ocupa un sitio especial en la conciencia y
espÃritu del pueblo mexicano.
Hasta
hoy, la Carta Magna establece que la propiedad y el dominio directo de la
Nación sobre estos recursos, son inalienables e imprescriptibles.
Nos
queda muy claro, que la apropiación nacional de los beneficios de esa riqueza,
que la sociedad mexicana considera estratégica y sagrada, ha estado sujeta a
presiones externas e internas para reorientarla hacia el beneficio particular,
sobre todo a favor de los grandes consorcios nacionales y extranjeros.
¿Por
qué esas fuertes presiones? Simplemente porque México hoy está colocado como el
quinto productor mundial de petróleo. Porque somos también el quinto exportador
en el orbe de ese producto natural. Porque las reservas mexicanas probadas de
hidrocarburos se ubican en el 13º lugar mundial, y puede estar en un mejor
sitio. Y porque el petróleo mexicano reditúa enormes ganancias. Sus ingresos
antes de intereses, impuestos y amortizaciones han pasado de 71 mil millones de
dólares en 2008 a 88 mil millones en 2012, según información contenida en el
dictamen formulado por la Comisión respectiva del Senado de la República para
este tema.
Es
una empresa sumamente rentable. Tan es asÃ, que aporta al presupuesto público
federal, poco más de su tercera parte, ya que PEMEX entregó a la SecretarÃa de
Hacienda y Crédito Público en ese mismo año de 2012, poco más de 900 mil
millones de pesos. Lo cual significa que por cada barril de petróleo crudo
vendido, dicha secretarÃa se queda con casi el 69%.
Al
2012 también, la producción de petróleo crudo por parte de Pemex promedió 2
millones 548 mil barriles por dÃa. El precio promedio de la Mezcla Mexicana de
Exportación fue de 101.81 dólares por barril, y las ventas totales tuvieron un
máximo histórico de 1 billón 647 mil millones de pesos.
Entonces,
el verdadero fondo e interés por la reforma a los artÃculos 25, 27 y 28
constitucionales, son esos enormes ingresos petroleros, aunque resulte contrario
al bienestar del pueblo mexicano.
Se
nos ha dicho en el discurso oficial, que esta reforma tiene, entre otros, como
objetivos: favorecer y alentar el bienestar de las familias mexicanas mejorando
el acceso, la calidad y los precios de los bienes y servicios públicos de
energÃa; impulsar el crecimiento económico nacional; garantizar el suministro
suficiente, con calidad y a menores precios de los energéticos e insumos producidos
por las empresas públicas; de que los hidrocarburos seguirán siendo propiedad
de la Nación; se transformará a Petróleos Mexicanos en una empresa pública de
carácter productivo; que se multiplicará la exploración y producción de
hidrocarburos; se creará un entorno de competencia en refinación, petroquÃmica
y transporte de hidrocarburos; se ampliarán las facultades y se fortalecerá a
la Comisión Nacional de Hidrocarburos; se convertirá a Petróleos Mexicanos en
el motor de una cadena de proveedores nacionales; y que PEMEX será uno de los
ejes centrales en la lucha contra el cambio climático.
Sin
embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Históricamente a los mexicanos se
nos ha mentido casi todo el tiempo.
Cuando
se privatizó TELMEX, también nos ofrecieron el cielo y las estrellas.
Lo
mismo sucedió con la concesión de las autopistas. Se nos bajó el paraÃso con la
reforma laboral, porque se nos ofreció que los trabajadores tendrÃan mayores
ingresos.
Recordemos
también qué nos pasó con la privatización de los bancos. Se entregó una palanca
clave del desarrollo económico a manos inexpertas, quienes terminaron generando
una burbuja y una crisis hipotecaria que devino en ese instrumento siniestro
que fue el FOBAPROA, el cual por cierto aún estamos pagando.
Entonces,
pregunto ¿quién paga los platos rotos con las malas decisiones? La respuesta es
obvia: el pueblo, los ciudadanos de a pie, los dueños de las pequeñas y
medianas empresas. Jamás los grandes consorcios nacionales y extranjeros.
¿Quiénes
son los que aún mantienen y mantendrán los privilegios fiscales a pesar de la
reforma hacendaria que se hizo? La respuesta la sabemos todos: esos grandes
consorcios.
Las
exenciones y demás privilegios fiscales en México en la actualidad significan
casi el 6% del PIB, lo cual equivale aproximadamente a 876 mil 400 millones de
pesos.
Según
datos disponibles al 2005, por ejemplo, dichos privilegios se concentraron en
alrededor de 4 centenares de grandes contribuyentes, y sólo 10 de ellos
recibieron en promedio mil 742 millones de pesos por concepto de devoluciones
de impuestos.
Cabe
destacar que en ese mismo año, 50 grandes contribuyentes pagaron al fisco en
promedio únicamente 74 pesos de Impuesto Sobre la Renta.
Ello
explica claramente por qué México tiene una de las más bajas recaudaciones
tributarias dentro de los paÃses miembros de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE). Incluso, durante el periodo de 1990 a 2010
tuvo la menor captación de impuestos dentro del escenario de la citada
organización. Hoy la recaudación asciende al 19.7% del PIB incluidos los
ingresos petroleros.
Si
sumamos los impactos que producen la economÃa informal y los privilegios
fiscales, nos arroja casi el 11% de afectación
al PIB, de donde se revela claramente la fragilidad e ineficiencia de nuestro
sistema tributario, y explica también la existencia de tantas carencias que
sufre la gran mayorÃa de los mexicanos, y por qué México no es
competitivo.
En
materia de ingresos públicos, existe una alta dependencia del Estado mexicano
con la industria petrolera. Tenemos más de tres décadas con finanzas públicas
petrolizadas y no podemos encontrar la salida. Y la percepción de la opinión
pública, es que vamos en el camino equivocado.
El
agresivo régimen fiscal y estricto control del presupuesto de egresos de la
federación, han impedido a PEMEX destinar suficientes recursos para mantener y
expandir la infraestructura.
Por
esa razón, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, manifiesta que la
reforma energética debió hacerse en forma armónica, sistemática y simultanea
junto con la reforma hacendaria, no ser tratada en forma aislada o separada
como se hizo.
En
dicha reforma energética, debió haberse garantizado en disposiciones
transitorias, los porcentajes especÃficos que se destinarÃan a salud, a
educación, a vivienda, a inversiones productivas, a infraestructura, y precisar
la gradualidad de dichas inversiones. Pero no se hizo.
Por
eso nos reservamos el derecho de dudar que la reforma energética tenga los
beneficios que el discurso oficial nos ofrece.
Dice
el viejo adagio popular: la burra no era arisca, sino que la hicieron. Por eso
no existe confianza en el planteamiento oficial. Asà lo dice el pueblo.
Lo
que hoy lamentablemente percibimos, es el tufo autoritario de tiempos que
creÃamos se habÃan ido. Ya es un consenso entre los especialistas que México
está regresando al centralismo atroz del pasado. No hemos podido superar esa
mentalidad excluyente y autoritaria que desdeña el pluralismo polÃtico.
Si
no, ¿Por qué se ha aprobado fast track la reforma constitucional que hoy nos
ocupa? ¿Cuál es la prisa, cuál es el desespero? Quizá ser serviles a los
organismos nacionales y extranjeros que promovieron esa reforma energética, o
quizá porque están acostumbrados a los dictados del Sistema PolÃtico Mexicano.
No
se les olvide que el pueblo es el verdadero soberano, es él, el que realmente
manda y no hay que traicionarlo. A él hay que atenernos y al juicio de la
historia. Recordemos que la democracia representativa descansa en el principio
de mandar obedeciendo, y hoy esto no se está cumpliendo.
Por
desgracia, en este proceso de reforma constitucional energética, las
legislaturas locales no han consultado a la ciudadanÃa, aun cuando el pueblo es
el soberano originario; y más aún, cuando los energéticos, como los
hidrocarburos y la electricidad, históricamente, han sido y son propiedad de la
nación.
Seamos
congruentes con nosotros mismos. Démosle la voz al pueblo, porque en él radica
la soberanÃa originaria. Hagamos que funcionen los mecanismos de consulta
popular para decisiones tan trascendentes como la reforma energética que hoy se
decide en este Congreso Local.
PermÃtanme
compartir con ustedes los resultados de la consulta ciudadana que el Partido
Sinaloense aplicó el dÃa de ayer en los 18 municipios del estado. En ella se
expresaron un total 27 mil 717 sinaloenses. Y dicha consulta fue en torno a dos
preguntas muy sencillas y prácticas.
La
primera pregunta: ¿Conociste la propuesta de reforma energética? El 45.5 por
ciento de la gente manifestó efectivamente conocer la propuesta, pero una
mayorÃa, el 54.5%, dijo no conocerla.
La
segunda pregunta fue la siguiente: ¿Está de acuerdo con la aprobación de esta
reforma? Un 24.18 por ciento se manifestó a favor, pero un contundente 75.83 por
ciento, es decir, un poco más de las tres cuartas partes de la ciudadanÃa
consultada, rechazó la reforma energética que hoy se pone a la consideración de
este Congreso Local como parte integrante del Constituyente Permanente.
Hoy,
el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, siendo congruente con su
compromiso de legislar apegado al mandato ciudadano, y valorando profundamente
el sentir popular que la consulta ciudadana nos arroja, manifiesta su absoluta posición
en contra de la reforma energética que nos envÃa el Congreso General, reconociendo
el rechazo claro de un sector mayoritario de la sociedad a las modificaciones constitucionales
en marcha.
En
nuestros documentos básicos como partido, tenemos como uno de los principios
rectores, la solidaridad con las causas populares. Hoy lo refrendamos, y por
eso nuestro voto será en contra.
Es
cuanto Diputado Presidente.