Hacia la Evaluación Educativa en Sinaloa
Hacia la Evaluación
Educativa en Sinaloa
Por Héctor Melesio Cuén Ojeda
La
última reforma al artÃculo 3° de la Constitución Federal, estableció la
obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación básica y media
superior que se imparte en México. Para lograrla, se previó en la misma norma
constitucional un Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
Encomienda
esa tarea, en el ámbito de la competencia federal, al Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación, dotándolo de autonomÃa desde el texto mismo de
la Ley Suprema de la Unión. De allà deriva el
ordenamiento secundario que lo regula
En este se establecen las bases para el diseño y
realización de las mediciones que correspondan a los componentes, procesos y
resultados del referido sistema, asà como para expedir los lineamientos y
directrices para llevar a cabo dicha evaluación, que contribuyan a las
decisiones de mejora en la calidad de la educación y su equidad, como factor
esencial en la búsqueda de la igualdad social, regido con apego a principios.
Se concibió a la evaluación como un instrumento
elemental para contribuir, precisamente, a mejorar la calidad de la educación y
orientar la formulación de polÃticas educativas bajo ese enfoque.
En
los hechos, la evaluación educativa, por su naturaleza, debe ser considerada
como una constante del sistema educativo, y ser vista como algo benéfico, ya
que los procesos de evaluación permitirán acentuar las fortalezas y remediar
las debilidades, tomando en cuenta los contextos sociales y culturales donde se
efectué el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al final de todo, los niños y
jóvenes mexicanos serán los que sientan y vivan los beneficios.
En
ella, la participación social y sindical resulta imprescindible, máxime que la
educación se sustenta en el criterio democrático, considerando la norma
constitucional a la democracia, no sólo como una estructura jurÃdica y un
régimen polÃtico, sino como un sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Lo que conlleva a formar
ciudadanÃa.
En
la participación social se debe involucrar a los padres de familia. En la
sindical, al gremio magisterial. Esto último implica tomar en cuenta al
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De lo contrario, el proceso
de evaluación educativa se tornarÃa
autoritario.
Conforme
a la ciencia de la administración y la enseñanza filosófica de los liderazgos,
se advierte como muy sano y recomendable que se tome en cuenta a los
involucrados en los procesos de gestión.
Bajo
ese esquema de pensamiento técnico, cientÃfico y filosófico, el Grupo
Parlamentario del Partido Sinaloense, formuló y presentó ante el Congreso
Local, una iniciativa con proyecto de decreto de Ley del Instituto para la
Evaluación de la Educación de Sinaloa. En ella se prevé que la misma consistirá
en la emisión de juicios de valor que resulten de comparar los resultados de
una medición u observación de componentes, procesos o resultados del sistema
educativo estatal, con un referente previamente establecido, basada en métodos
y técnicas cientÃficas que garanticen la aplicación de principios tales como: independencia, transparencia, objetividad,
pertinencia, diversidad e inclusión. De esa manera, somos de la convicción, de
que todo mundo trabajará en armonÃa. Claro, para ello será necesaria también la
existencia de liderazgos democráticos. Eso
esperamos y asà lo anhelamos, porque los niños, jóvenes, padres de familia y
maestros esperan que la evaluación educativa se traduzca en la calidad que
tanto se pregonó para justificar la reforma al artÃculo 3° constitucional.
Ojalá que el servicio profesional docente que teórica y jurÃdicamente se
orienta también al logro de esa calidad, se lleve a cabo bajo esos principios,
y no sea distorsionada por Ãmpetus o actitudes autoritarias. Apostémosle a la
madurez de todas las partes, hagámoslo por el porvenir de esos niños y jóvenes.
Finalmente,
resulta pertinente recordar que el tiempo apremia, puesto que la vacatio legis
establecida por el Congreso de la Unión, vence el 11 de marzo de este año, para
que las legislaturas de los estados adecuen y emitan los ordenamientos
pertinentes, y uno se ellos tiene que ver, precisamente, con el tema de la
evaluación educativa. Ahà está ya nuestra iniciativa. Ahora tenemos la palabra
y la decisión, todos los diputados integrantes de la LXI Legislatura Local.